Hablemos de la ética empresarial

Desde hace tiempo se considera con mayor vigencia la “ética”. Entre otras consideraciones, por sus favorables implicancias en el clima organizacional, en la identificación del colaborador, en la ascendencia de la marca, en la obtención de acreditaciones, en el acceso a mercados, en la fidelidad del cliente, en la reducción de la deserción laboral, en la disminución de litigios judiciales, en la toma de decisiones, en el proceso de reclutamiento de personal, en la atracción de profesionales exitosos, en la reputación, entre otros beneficios. 

Su ejecución evidencia la correspondencia de los valores a los que hacen alusión atractivas memorias de gestión, videos y publicaciones gremiales. Es un componente central en toda empresa ansiosa de generar un ambiente acogedor y proyectar una imagen positiva en sus diversas audiencias. En el sector privado existen políticas concordantes con la visión, misión y valores; podríamos afirmar que es bienvenida. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es una manifestación de su autenticidad.

Integrarla posibilita enfrentar y anticiparse a situaciones de corrupción, discriminación, extorsión, maltrato al personal, promoción y venta de productos dañinos o vencidos, publicidad engañosa, afectación al entorno ambiental, evasión tributaria, uso inadecuado de información, manejos desleales con la competencia, rehuir invertir en medidas de seguridad, etc. El listado es significativo.

En la esfera estatal subsiste un complejo, incomprendido y enmarañado dilema sobre la “ética” que infunde ostensibles silencios, fastidios y se asume cómo una intromisión. En síntesis, es un asunto espinoso, controvertido, atiborrado de desencuentros y visto como una “camisa de fuerza” que impone la dación de medidas observadas con renuencia que, además, están expuestas a la vigilancia de la sociedad civil. Es un vocablo usado con reiteración y demagogia; pero, contemplado con repulsa.

Es imperativo transparentar presupuestos, licitaciones, convenios, proyectos, resoluciones, estados financieros, etc. y, a su vez, es innegable la ausencia de voluntad para su inclusión. Todavía prevalecen reticencias para incorporar el acceso a la información, la neutralidad, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, la igualdad de trato, el empleo adecuado de los bienes y el nepotismo, entre otros componentes.

Es difícil concebirla en un medio en donde el servicio público es un botín para compensar oportunismos. El Estado alberga una burócrata frívola, pusilánime e insensible. Ese es uno de los males republicanos: usar el poder para retribuir favores, gratificar lealtades, compensar padrinazgos, satisfacer apremios de operadores y atender demandas de allegados. Es indigno constatar cómo el carnet partidario abre más puertas que la competitividad y estanca la gestión. El sistema estatal se encarga de obstaculizar cualquier esfuerzo o decisión.

Al respecto, el expresidente Alan García Pérez en su libro “Metamemorias” (2019) aseveró: “…Inclusive cuando se establece e insiste en que solo habrá dos instancias, la burocracia siempre creciente en número y escritorios crea comisiones supervisoras, direcciones que previamente deben opinar sobre lo dicho por la primera instancia, etcétera. Es un bosque que se reproduce incesantemente, un virus de retardo que crea canales y oficinas que deben ´visar´ o sellar interminablemente”.

Un ejemplo plausible e insólito es la suscripción del Pacto por la Integridad, promovido por la actual administración metropolitana, con el afán de combatir la corrupción y asumir medidas como: mantener actualizados los portales virtuales y atender las solicitudes de información, de modo oportuno, tal como determina la normatividad. Se obligan a divulgar la documentación sobre sus directivos de confianza y servidores, para impedir conflictos de intereses. El acuerdo implica plasmar lo formulado en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021. Una muestra singular de accesibilidad frente a una trama contemplada con resistencia.

También, así lo acredita mi experiencia en la presidencia del Consejo Directivo del Patronato del Parque de Las Leyendas – Felipe Benavides Barreda. El trabajo que presidí se impuso una cultura coherente con la integridad que debe enaltecer al servidor público. Para este fin, implementamos tareas -a pesar de las incansables trabas e intrigas de los “funcionarios”- para incorporar este concepto y desplegar programas de entrenamiento sobre transparencia, neutralidad y buenas practicas gubernamentales.

Obedecimos la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y colocamos mayor información de la requerida por este decreto, se entregó los contratos de trabajo y se elaboró un manual y una declaración de “ética”. En la puerta del parque pusimos un letrero expresivo de nuestro proceder: “Esta es una institución al servicio de la comunidad, allí se vive la ética y se practica la meritocracia, y no aceptamos tarjetazos”. Por cierto, fue retirado al día siguiente de culminar mi mandato.

Hace un tiempo fui llamado, a través de una compañía consultora, para dictar conferencias de “ética” en un ministerio. Grande fue mi sorpresa cuando a ninguna de ellas acudieron burócratas de la “alta dirección”, ni tampoco jefes o directores. Durante las disertaciones me enteré que los concurrentes habían sido citados esa mañana e incluso en innumerables veces eran requeridos, a través de sus teléfonos celulares, por sus superiores. Un ejemplo inequívoco del escaso o nulo valor otorgado a esta temática. Tan solo les preocupa cumplir el cronograma proyectado para capacitación y justificar la utilización de su presupuesto.

Al parecer, mis disertaciones causaron buena impresión. A las pocas semanas, recibí un email de la Oficina General de Administración de Recursos Humanos solicitando mi participación de forma personal. No desaproveché la oportunidad para darle una lección al responder: “…Gracias por su amable ofrecimiento el que, gustosamente, aceptaría siempre que sea canalizado a través de la empresa que, como usted recordará, tuvo la deferencia de convocarme para participar como expositor del programa de capacitación en ética pública”.

Es importante instrumentalizar la “ética” a través de herramientas que garanticen su permanente desarrollo, seguimiento y evaluación. De allí la exigencia de desplegar un conjunto de diligencias tendientes a este objetivo. Soslayemos circunscribirla a meros enunciados y normativas internas; debe desempeñar un rol activo, visible y palpable. Recordemos que es advertida cuando se hace un reclamo, en los mensajes publicitarios, en la calidad de la atención a la clientela, en la veracidad de las bondades del producto o servicio, en el trato interpersonal entre los trabajadores, en la obediencia de sus obligaciones tributarias y laborales, en el vínculo con la comunidad, en su reacción en momentos de crisis, entre un sinfín de escenarios.

Una iniciativa que encausa el desempeño de sus miembros es el manual o código.  Por lo tanto, guía los comportamientos de la entidad y de aquellos con los cuales actúa: compradores, proveedores, comunidad, medio ambiente, etc. Recomiendo recoger las necesidades, el momento y el lugar; ser realista, breve, conciso y claro; englobar los valores de la empresa; explicar el por qué y para qué de cada principio; debe prevalecer el bien común sobre los intereses personales.

Sugiero que esté alentada de un proceso de inducción, acompañamiento e incentivos. En diferentes entidades se solicita al colaborador firmar un “compromiso o carta ética”. Son elementos sustanciales en la medida que su validez sea transversal y aplicable sin distinción de jerarquías. Debe estar presente, con especial énfasis, en sus líderes con el afán de servir de prototipo de la conducta que esperan de sus empleados. Ésta pone a prueba la auténtica probidad y consistencia de la organización.

Su utilidad constituye uno de los pilares más trascendentes para lograr una relación de convivencia y credibilidad y, por lo tanto, obtener el respeto y la confianza de los distintos actores sociales con los que interactúan. Conviene evocar lo afirmado por la prestigiosa filósofa española Victoria Camps Cervera: “La ética o la moral deben de entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible”.