Sin ambigüedades es una herramienta capaz de garantizar la marcha de la empresa. Es decir, concurren sinnúmero de motivaciones para inspirar una conducción sustentada en valores. Algunas de esas razones pueden ser: Corrupción, especulación financiera, venta de productos malogrados o por caducar su tiempo de vida, desastres medioambientales, ausencia de claridad en adquisiciones y licitaciones, tráfico de información reservada, etc.
Un factor central es la presencia, en los altos mandos de la organización, de una convicción sincera para emplear la ética. El liderazgo y empeño de sus funcionarios facilitará la adopción de esta iniciativa como propia. Se recomienda “predicar con el ejemplo” y, además, debe manejarse transversalmente a fin de asegurar su implementación en todas las áreas. Su conducta debiera evidenciar la vigencia de los valores corporativos (solidaridad, diálogo, honestidad, puntualidad, lealtad) en el día a día de la compañía.
Se sugiere que los ejecutivos constituyan referentes e impulsen estos valores en sus colaboradores. Por el contrario, si olvidan sus compromisos pueden inducir actos ajenos al marco ético empresarial. Coexisten entidades en las que se establecen diferenciaciones. La “misión” destaca la igualdad y, por el contrario, no todos pueden utilizar los mismos servicios higiénicos, ascensores, escaleras, estacionamientos, comedores y obtener similares subvenciones con el afán de acceder a programas de capacitación e incentivos.
La ética posee varias ventajas para las empresas. La aplicación de criterios éticos aumenta la motivación del personal cuando aprecian respeto por los valores; genera una fuerte cohesión cultural -que la diferencia de la competencia- a partir de los desempeños de las personas de la organización; mejora la imagen sustentada en la reputación que ofrece cumplir promesas, reducir quejas, evitar acciones legales y gozar de respeto y confianza; rehúye casos de corrupción gracias a la implementación de estrategias tendientes a obviar posibles conflictos.
En tal sentido, tiene una visible dimensión en los ámbitos interno y externo. En el primero, se debe poner especial énfasis a la demanda ética de los empleados, que exigen valores que eviten malas prácticas en la administración de los recursos humanos. De esta manera, se impedirá la discriminación, el acoso moral, la falta de retribución justa y una carencia de confidencialidad.
En el segundo, la compañía enfrenta disyuntivas relacionadas con los productos, proveedores, accionistas, opinión pública, clientes, autoridades, etc. Así se prescindirá de la ausencia de nitidez informativa, publicidad engañosa, impactos medioambientales, corrupción y deficiente calidad de los productos.
La ausencia de ética conlleva serias consecuencias. Por ejemplo, nuevos procesos judiciales, prohibición de participar en contrataciones, retirar mercadería por deficiencia en su elaboración, limpiar derrames petroleros e industriales, reclamaciones de acoso de los empleados e inclusión en listas “negras” internacionales. Todo esto influirá en la aceptación de la empresa en sus audiencias.
La corporación debe encaminar su desenvolvimiento interno y externo en un definido número de principios. Se requiere coherencia entre sus valores y los perfiles de sus integrantes. En ocasiones es omitida esta evaluación a partir de considerar solo aspectos cognitivos y labores y, por consiguiente, restarle connotación a la composición integral del individuo que desea incorporarse en una empresa con estándares éticos.
Por su parte, el aparato estatal cuenta con disposiciones puntuales que obligan a acatar determinados conceptos éticos. Es indudable la falta de una real voluntad para plasmar este conjunto de normas que, desde la perspectiva de los intereses partidarios, son incómodas cuando subsisten habituales intencionalidades sórdidas en todos los gobernantes de turno con la ambición de convertir el estado en su “caja chica”. Concretan latrocinios, negociados, nombramientos irregulares, cuestionados procesos de compras y, en el más benévolo de los casos, brindan un puesto de trabajo a sus desempleados operadores políticos, entre otras tantas anomalías.
Prevalecen reticencias en las instituciones públicas –a partir del control ejercido por los partidos en el gobierno- sobre la obligación de incorporar la transparencia, el acceso a la información, la neutralidad política, la postura honesta, la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, la igualdad de trato, el uso adecuado de los bienes e información y evitar el nepotismo. Pues, estas medidas interfieren con las innegables intenciones de las agrupaciones políticas en el poder.
Eso me trae a la memoria el aviso que colocamos en la puerta del Parque de Las Leyendas el 2006: “Esta es una institución al servicio de la comunidad, aquí se vive la ética y se práctica la meritocracia y no aceptamos tarjetazos”. Este gesto y otras decisiones demostraron la autonomía y decencia de una gestión intensa en el propósito de reconciliar la ética con la función estatal. Esta complicada e incomprendida tarea demandó enfrentar complejidades, miedos, silencios interesados, actitudes soterradas y el proceder titubeante de un sistema que lleva la “marca Perú”.
Este inusual estilo generó inconvenientes en un medio en el que sujetos de trayectoria impropia ven una cantera de oscuras oportunidades destinada a compensar sus frustraciones, mediocridades y ausencias de realizaciones profesionales. Fue difícil lograr que el servidor público actúe con lealtad ciudadana y se sienta obligado a eludir valerse de su posición para conceder favoritismos, como sucede ante la mirada conformista, sumisa y cómplice de muchos.
La satisfacción de integrar la ética justifica las adversidades afrontadas en una colectividad lacerada por una profunda crisis moral que repercute en la esfera corporativa y tiene hondas secuelas en nuestra convivencia social. La acción honorable será siempre un estímulo inapreciable en el progreso de la persona y la sociedad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario